Argentina es el octavo país en extensión territorial en el mundo, de entre 232 países:
1.- Rusia (17,075,200 km²)
2.- Canadá (9,984,670 km²)
3.- EUA (9,826,630 km²)
4.- China (9,596,960 km²)
5.- Brasil (8,511,965 km²)
6.- Australia (7,686,850 km²)
7.- India (3,287,590 km²)
8.- Argentina (2,766,890 km²)
2.- Canadá (9,984,670 km²)
3.- EUA (9,826,630 km²)
4.- China (9,596,960 km²)
5.- Brasil (8,511,965 km²)
6.- Australia (7,686,850 km²)
7.- India (3,287,590 km²)
8.- Argentina (2,766,890 km²)
Con referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Argentina se encuentra en el puesto 38 a nivel mundial, dicho índice toma en cuenta tres variables importantes, la vida larga y saludable de la población, el nivel de educación y conocimientos, y el nivel de una vida decente.
Política Migratoria
Por Laura Bogado Bordázar (fragmento)
www.otrosenred.com.ar/nota_completa.php?idnota=76
Argentina ha sido históricamente un país de recepción de inmigrantes, fundamentalmente de origen europeo (numeroso hasta la década de 1930), y latinoamericano (constante desde fines del siglo XIX). Las migraciones internacionales constituyeron así uno de los procesos más importantes de la historia argentina y por ello uno de los más debatidos.
Su sociedad se fue conformando con la integración, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, de grandes flujos migratorios provenientes en su mayoría de italianos, españoles y alemanes. La población argentina se multiplicó hasta la primera mitad del siglo XX con el aporte de estas migraciones internacionales. Hacia 1914 y según el censo nacional de población, el porcentaje de nacidos en el extranjero sobre la población total ascendía al 30 % y representaba una parte importante del crecimiento total de la población.
En la actualidad esta tendencia se revirtió y las migraciones internacionales han sufrido transformaciones tanto en su magnitud como en la procedencia de la población migrante, habiendo un cambio de migración europea de ultramar a migración principalmente limítrofe y de la región (bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, brasileños y peruanos).
En la actualidad esta tendencia se revirtió y las migraciones internacionales han sufrido transformaciones tanto en su magnitud como en la procedencia de la población migrante, habiendo un cambio de migración europea de ultramar a migración principalmente limítrofe y de la región (bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, brasileños y peruanos).
En el último censo nacional del año 2001, la población migrante solo representaba el 4,1 %.
En las últimas décadas, también se registró una creciente incorporación de migrantes provenientes de algunos países de Europa del Este y de territorios independientes que formaban parte de la ex Unión Soviética (incentivados por los beneficios que otorgaban los convenios de migración bilaterales); y de países asiáticos (fundamentalmente de la República Popular China, Corea y Japón), ambos grupos conocidos como la “nueva migración”.
Recientemente, Argentina, que había sido un Estado típicamente receptor de migrantes, fue adquiriendo también el perfil de Estado de origen (o “expulsor” de sus nacionales); producto de las distintas crisis sociales y económicas que fueron afectando al país. En los años inmediatamente posteriores a la explosión de la crisis de 2001, el país tuvo un saldo negativo emigratorio de 80,000 habitantes por año, fundamentalmente personas de clase media, en general con un nivel de educación medio y alto, lo que provocó una crisis emigratoria y la imposibilidad del gobierno para afrontar la problemática.
Recientemente, Argentina, que había sido un Estado típicamente receptor de migrantes, fue adquiriendo también el perfil de Estado de origen (o “expulsor” de sus nacionales); producto de las distintas crisis sociales y económicas que fueron afectando al país. En los años inmediatamente posteriores a la explosión de la crisis de 2001, el país tuvo un saldo negativo emigratorio de 80,000 habitantes por año, fundamentalmente personas de clase media, en general con un nivel de educación medio y alto, lo que provocó una crisis emigratoria y la imposibilidad del gobierno para afrontar la problemática.
Esta situación enfrentó a Argentina a la realidad de tener que comportarse con los inmigrantes (especialmente de países limítrofes), de la misma forma que lo hacían fronteras externas con sus nacionales.
A partir de entonces, Argentina comienza a reconocerse a sí misma como “país de emigración”. Y es recién a partir de éste reconocimiento, que se inicia desde el Estado una nueva etapa en lo referente al desarrollo de las nuevas políticas migratorias.
Esta política se destacan acciones recientes orientadas en tres ejes centrales; en primer lugar, Argentina ha reconocido rango constitucional, a partir de la reforma de la Constitución de 1994, a una serie de tratados y convenciones internacionales que consagran el goce de diferentes derechos humanos, lo cual ha implicado un triunfo a favor de la protección internacional de los derechos de los hombres (art. 75 inc. 2 Constitución), entre los que se encuentra el derecho de los migrantes a recibir el mismo trato que los nacionales del país de residencia. Este reconocimiento ha significado un hito jurídico en la historia constitucional argentina y de la región.
En segundo lugar, en el año 2004, el Congreso Nacional aprobó los Acuerdos de Libre Residencia para los Nacionales de los Estados del MERCOSUR, y Estados Asociados, de diciembre de 2002, en virtud de los cuales los nacionales de un Estado parte del MERCOSUR que deseen residir en otro Estado parte podrán obtener una residencia, mediante la sola acreditación de su nacionalidad. La aprobación por parte de todos los Estados Asociados de estos acuerdos, significará un avance esencial en materia migratoria regional. Situación que podría ampliarse, en un futuro, prácticamente a toda la región sudamericana, ya que el MERCOSUR ha celebrado tratados de asociación con casi todos los países de Sudamérica (solo faltan las Guyanas).
La vigencia de estos acuerdos regionales, implica un viraje en la forma en que la Argentina desarrollaba su política migratoria internacional, la cual estaba fundamentalmente estructurada en base a la celebración de acuerdos bilaterales con países limítrofes y de la región (Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Perú), hacia una política de carácter multilateral con una lógica basada en los fundamentos de la integración regional y de uno de los pilares del mercado común: la libre circulación de las personas
El tercer eje de la actual política migratoria internacional, fue la sanción de la ley de Migraciones (No. 25.871) de enero de 2004. Con esta ley se produjo un salto cualitativo al derogar el decreto ley que estaba vigente desde la época del proceso militar (conocido como “ley Videla”). El decreto ley era absolutamente restrictivo no sólo al ingreso de migrantes, sino también al reconocimiento de los derechos de los mismos una vez establecidos en el país. Estaba basado en la doctrina de la seguridad nacional, motivo por el cual la Dirección Nacional de Migraciones, con un criterio autoritario y de policía, aplicaba expulsiones (muchas veces arbitrarias) y por razones de persecución política. La nueva norma, por el contrario, responde a la necesidad de definir una política migratoria adecuada a los parámetros migratorios actuales y que signifique una garantía para los migrantes que decidan habitar el país.
Esta política se destacan acciones recientes orientadas en tres ejes centrales; en primer lugar, Argentina ha reconocido rango constitucional, a partir de la reforma de la Constitución de 1994, a una serie de tratados y convenciones internacionales que consagran el goce de diferentes derechos humanos, lo cual ha implicado un triunfo a favor de la protección internacional de los derechos de los hombres (art. 75 inc. 2 Constitución), entre los que se encuentra el derecho de los migrantes a recibir el mismo trato que los nacionales del país de residencia. Este reconocimiento ha significado un hito jurídico en la historia constitucional argentina y de la región.
En segundo lugar, en el año 2004, el Congreso Nacional aprobó los Acuerdos de Libre Residencia para los Nacionales de los Estados del MERCOSUR, y Estados Asociados, de diciembre de 2002, en virtud de los cuales los nacionales de un Estado parte del MERCOSUR que deseen residir en otro Estado parte podrán obtener una residencia, mediante la sola acreditación de su nacionalidad. La aprobación por parte de todos los Estados Asociados de estos acuerdos, significará un avance esencial en materia migratoria regional. Situación que podría ampliarse, en un futuro, prácticamente a toda la región sudamericana, ya que el MERCOSUR ha celebrado tratados de asociación con casi todos los países de Sudamérica (solo faltan las Guyanas).
La vigencia de estos acuerdos regionales, implica un viraje en la forma en que la Argentina desarrollaba su política migratoria internacional, la cual estaba fundamentalmente estructurada en base a la celebración de acuerdos bilaterales con países limítrofes y de la región (Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Perú), hacia una política de carácter multilateral con una lógica basada en los fundamentos de la integración regional y de uno de los pilares del mercado común: la libre circulación de las personas
El tercer eje de la actual política migratoria internacional, fue la sanción de la ley de Migraciones (No. 25.871) de enero de 2004. Con esta ley se produjo un salto cualitativo al derogar el decreto ley que estaba vigente desde la época del proceso militar (conocido como “ley Videla”). El decreto ley era absolutamente restrictivo no sólo al ingreso de migrantes, sino también al reconocimiento de los derechos de los mismos una vez establecidos en el país. Estaba basado en la doctrina de la seguridad nacional, motivo por el cual la Dirección Nacional de Migraciones, con un criterio autoritario y de policía, aplicaba expulsiones (muchas veces arbitrarias) y por razones de persecución política. La nueva norma, por el contrario, responde a la necesidad de definir una política migratoria adecuada a los parámetros migratorios actuales y que signifique una garantía para los migrantes que decidan habitar el país.
Con la nueva ley de migraciones se produjo un cambio ideológico y conceptual respecto de las migraciones en general, el cual contrasta profundamente con un contexto mundial donde la política que prima es la de restricción a la entrada de personas dentro de las fronteras nacionales.
En este sentido, la Argentina ha identificado en el desarrollo de su política migratoria (reciente) el derecho a migrar como un derecho humano fundamental, lo que implica un cambio sustancial en el concepto de migrante a partir del reconocimiento de los derechos humanos del mismo y su núcleo familiar y del derecho de “reunificación familiar” establecido en la nueva ley, todo ello con el fin de fomentar y facilitar la integración social de los migrantes.
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